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Comunidad Q’anjob’al rechaza iniciativa de ley de regularizacion de tierra.

Rigoberto Juárez autoridad Maya Q’anjob’al de Huehuetenango cuestionó el articulo 2 de iniciativa 5188, Ley de Regularización de tierras, porque busca legalizar las irregularidades de despojo de territorios a los pueblos durante el conflicto armado, por particulares y empresas extractivas, porque significa continuidad de usurpación de tierras en total desconocimiento del derecho de los pueblos sobre sus territorios. 

Quién elaboró la iniciativa 51-88

La propuesta de esa iniciativa fue elaborada por la institucionalidad agraria del país, entre ellas está la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia, quién la presentó al Congreso de la República el año pasado.

Pocos días más tarde dicha iniciativa fue aprobada “de forma acelerada”, según el CUC, por la desaparecida Comisión Extraordinaria de Catastro y Ordenamiento Territorial.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha iniciativa, los fines son ordenar la tenencia de la tierra de conformidad con la Ley. Otorgar certeza y seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra. Apoyar la actualización y mantenimiento de la información catastral. Y contribuir al ordenamiento territorial.

“Quieren desaparecer el derecho colectivo de los pueblos sobre la tierra”

El abogado Juan Carlos Peláez, aclaró que de aprobarse esa iniciativa de ley afectará negativamente a las familias indígenas y campesinas que están posesionadas en tierras comunales, porque cualquier persona, sea militar, finquero, criminal o político puede reclamar el predio como suyo, simplemente con hacer un trámite administrativo y sostener que es el legítimo poseedor.

A criterio de Peláez, en el contenido de la iniciativa 51-88 no existe el concepto de tierras comunales, sino que se reconoce las posesiones y trabajaderos individuales, manteniendo la administración tradicional de la tierra. “La tendencia es que desaparecer todo derecho colectivo de los pueblos sobre la tierra y territorio”, añadió el abogado.

En nuestro país hay cientos de casos en donde miles de familias indígenas y campesinas habitan y trabajan en tierras comunales haciendo valer su derecho ancestral de la tierra. Uno de los casos es Santa María Xalapán, en Jalapa, en donde más de 60 mil familias reclaman como suya más de la mitad de la cabecera departamental, ya que poseen una Cédula Real que los acredita como históricos propietarios de la tierra.

Caso de Santa Cruz Barillas

En dias recientes representantes del Comité de Herederos de la comunidad de Yulb´atlaj, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, exigieron al Presidente de la república Jimmy Morales,  derogar el acuerdo gubernativo 25-2017, que declara baldío a más de 170 caballerías de terreno que ahora está siendo invadida por más de 300 personas.

Los pobladores indigenas cuentan con  inscripción y certificación del Registro de la Propiedad en Quetzaltenango. Tienen el  derecho legal ya que sus papás tramitaron las tierras  con acuerdos municipales en 1959 pero por el conflicto interno los propietarios se refugiaron en Mexico fue cuando los terrenos pasaron a ser propiedad del estado.

Fuente: www.Servindi.org

 

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